LEYES ANTIABORTO HUNDEN LOS DERECHOS DE LA MUJER

Juan Fernando Rodríguez Ángeles

El viernes 8 de mayo, en plena epidemia de influenza, el Congreso del estado de Guanajuato aprobó, en cinco minutos, sin discusión, las reformas al artículo primero de la Constitución local. La reforma adiciona un párrafo a dicho artículo en el que se establece que "para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos". En el fondo, la modificación tuvo como objetivo el impedir la práctica del aborto bajo cualquier causal en la entidad.

Con la llamada “ley antiaborto”, Guanajuato se sumó a la lista de estados que en los últimos meses han aprobado reformas similares: Baja California Norte, Colima, Campeche, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora. Mientras, los Congresos de entidades como Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí tienen iniciativas parecidas, próximas a ser votadas.

Esta “ola de leyes antiaborto”, impulsadas por grupos religiosos, partidos políticos y por los mismos gobernadores de algunos estados, se da después de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara, el 24 de abril de 2007, las reformas que despenalizan el aborto en la ciudad.

El fenómeno obedece también a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desestimar los recursos de inconstitucionalidad presentados por la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la despenalización del aborto en el DF. El 28 de agosto del año pasado, el pleno del máximo tribunal del país consideró, con 8 votos a favor y 3 en contra, que las reformas aprobadas por la Asamblea no violentaban el derecho a la vida.

Para la licenciada Claudia Zulema Robles, abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las leyes antiaborto aprobadas en casi la mitad de los estados de la República sí son una respuesta a la despenalización de esta práctica en el DF. En entrevista con ESCRUTINIO la también vocera del grupo señaló que en las discusiones al interior de los Congresos locales los impulsores de las iniciativas arguyen: “no queremos que pase lo que pasa en el DF” y evitan ofrecer argumentos sólidos que sustenten su postura.

La percepción de la vocera de GIRE no se aleja de la realidad. En Baja California Norte, los diputados del Partido Acción Nacional que presentaron la propuesta señalaron en su exposición de motivos dirigida a la mesa directiva de la cámara que las reformas buscarían evitar un panorama “como lo que ya aconteció en el Distrito Federal hace un año (la iniciativa bajacaliforniana se presentó en el año 2008), al promover y aprobar la Asamblea Legislativa de dicho lugar la despenalización del aborto y consecuentemente el autorizar (…) el aborto en múltiples hospitales, aniquilando sin misericordia y mucho menos respeto alguno, la vida de miles de seres humanos”.

Zulema Robles consideró que el mecanismo mediante el cual se ha logrado aprobar las leyes antiaborto se basa en el “mayoriteo” de los grupos políticos. “Ha habido una alianza entre el PAN y el PRI para votar las iniciativas”, señaló, y agregó que la naturaleza radical de las propuestas los obliga a no abrir a debate estos temas “porque saben que perderían”.

La licenciada del GIRE consideró además que es preocupante el hecho de que “en México se legislen leyes de primer mundo en el DF y leyes de tercer mundo en otros lugares”, y apuntó que es importante que el tema y la problemática de salud que trae consigo la existencia de este tipo de leyes se posicione en el debate nacional.

Mientras, apuntó que el retraso derivado de estas legislaciones es de décadas. Mostró especial preocupación por lo que ocurre en algunos estados, en donde la sanción para las mujeres que se practiquen un aborto será su reclusión en centros de tratamiento psicológico “es decir, que si abortas estás loca” recalcó Robles.

La representante del GIRE advirtió que a nivel internacional se debe ver el retroceso en el que está cayendo el país con las leyes antiaborto y lamentó que sea sólo al surgir un caso polémico cuando se comienza a buscar soluciones. “Por desgracia es necesario que se presente un caso como el de Paulina (la niña de 13 años violada en 1999 y obligada por las autoridades y grupos religiosos de Baja California a continuar con su embarazo a pesar de que el aborto estaba contemplado en el Código Penal) para que las autoridades reaccionen, es lo que necesita el Estado mexicano, necesitamos que el mundo nos vea”.

El caso de Paulina fue el detonante para lograr ciertos avances en el tema de los derechos reproductivos de las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino, y junto con el mismo GIRE logró un acuerdo con el gobierno mexicano del que surgió la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres en la que se garantizaba una adecuada atención a víctimas de violencia sexual, anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo.

Después de un retraso de casi un año, la norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril pasado, tras la polémica desatada por la modificación del texto original que priorizaba la objeción de conciencia de los médicos para negarse a practicar abortos. Al final, la versión publicada se apegó más a la versión original y a pesar de que los grupos de defensa de los derechos de las mujeres lo consideran un adelanto en la materia, aceptan que sus alcances son limitados.

Por ahora, la Norma Oficial deberá enfrentarse a las legislaciones locales que impulsan leyes que la contradicen. Al respecto, la abogada del GIRE refiere como uno de las vías de acción para echar atrás las leyes antiaborto es presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, detalló que desde el punto de vista legal las únicas instancias facultadas para hacerlo son las procuradurías de justicia y las comisiones de derechos humanos por lo que las organizaciones no gubernamentales se hayan cooptadas ante este panorama.


Por otra parte, la entrevistada consideró que entre más estados aprueben leyes similares el Distrito Federal se irá convirtiendo en una especie de oasis al que acudirán más mujeres de otros estados que busquen practicarse un aborto. Según las cifras oficiales, en los dos años desde que se despenalizó el aborto, solo el 3% de los 23 mil 233 casos han sido mujeres provenientes de otros estados de la República. Atajó sin embargo el hecho de que esto pueda colapsar los servicios de salud en la capital, “ya que también las clínicas particulares pueden practicar abortos”.

Otro aspecto que entra al debate es el referente a las propuestas de los partidos políticos enfocados a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. “El PRI, por ejemplo, sí habla de la igualdad en su plataforma electoral, pero sólo lo hace en teoría”, advierte la entrevistada.

Además del PRI, hay partidos como el Partido Socialdemócrata o el PRD que sí incluyen en sus plataformas referencias directas al tema del aborto, presentando sus propuestas para hacer valer los derechos de las mujeres. Sin embargo, Claudia Zulema se dice preocupada, recalca que es difícil actuar frente a esta ola de leyes antiaborto, pero se muestra esperanzada “necesitamos ayuda, debemos encontrar alianzas para echar atrás estas leyes”.

Mientras, en otros estados podría ocurrir lo mismo que en Guanajuato, donde en cinco minutos, sin discusión, aprobaron otra ley antiaborto.